El abogado de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, solicitó formalmente al tribunal que se registre en acta la falta de notificación del informe de la Contraloría General utilizado en el caso Calamar. Esta omisión, según la defensa, viola el derecho al debido proceso y compromete la validez de las actuaciones del Ministerio Público. Además, se registraron nuevos desistimientos en la acusación contra Guerrero.
El abogado de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, Mario Aguilera, solicitó este miércoles al tribunal que conoce el caso Calamar que se registre en acta que la defensa nunca recibió el informe de la Contraloría General utilizado como base para la investigación.
Aguilera enfatizó que dicho informe, mencionado como prueba en el caso, nunca fue notificado a la defensa, impidiendo ejercer su derecho a la contradicción, un derecho recogido en la Ley 107-13.
La defensa argumenta que la falta de notificación del informe, citado repetidamente durante las audiencias, les impide conocer y discutir su contenido, un derecho que consideran fundamental.
La relevancia de esta solicitud radica en que el informe fue utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para justificar la investigación de la Operación Calamar, base de las acusaciones contra Guerrero y otros exfuncionarios por supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones superiores a 17,000 millones de pesos.
Fuentes jurídicas señalan que la falta de notificación del documento compromete el derecho al debido proceso y podría afectar la validez de las acciones del Ministerio Público. Aguilera añadió que, ahora que se menciona el informe, es crucial que se registre la falta de notificación y la consecuente imposibilidad de ejercer la contradicción.
La sesión también se caracterizó por nuevos desistimientos en favor de Guerrero. Diversos querellantes, incluyendo la Fundación Alfredo Nóbel y representantes de la familia Mota, retiraron sus acusaciones.
Asimismo, alrededor de 40 herederos de la familia Reyes, representados por Patricio Mañón y Julio César Ventura, desistieron de sus acciones, solicitando el pago del 20% pendiente. También presentaron su caso querellantes sin títulos de propiedad, previamente denunciados como falsos querellantes.
A estos desistimientos se suma la extinción de la acción penal contra más de 260 querellantes particulares, dictaminada por el Tribunal del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, debido a acciones “mal promovidas” por falta de representación legal válida y poderes pertinentes.
