El Centro Dominicano de Estudios Sobre China (Cendoesch) ha expresado su profunda preocupación por las acciones gubernamentales que, según alega, discriminan a las empresas chinas. Estas acciones, que incluyen cierres y acoso sistemático, se justifican con argumentos de violaciones a normativas, a pesar de que muchos negocios operan desde hace años y contribuyen positivamente a la economía dominicana. Cendoesch considera estas medidas contrarias al libre mercado y a la seguridad jurídica para la inversión extranjera.
El Centro Dominicano de Estudios Sobre China (Cendoesch) manifestó su preocupación por acciones gubernamentales que parecen dirigidas a perjudicar a empresas chinas, mostrando, según la entidad, señales de discriminación.
Para Cendoesch, el acoso y cierre sistemático de negocios chinos no se ajustan a las normas comerciales dominicanas ni internacionales.
El centro argumenta que el gobierno justifica estas acciones alegando violaciones a las normas de construcción y comercio ilícito, a pesar de que muchos negocios operan desde hace años, generando empleo y dinamizando la economía. Cendoesch destaca la necesidad de garantizar la seguridad jurídica a toda inversión extranjera.
El Cendoesch considera absurdo que se acuse a pequeños comerciantes chinos de evadir aduanas o impuestos, dada la visibilidad de sus negocios.
El centro recordó que el gobierno dominicano prohibió la inversión china en telecomunicaciones, minería y puertos, lo que, según Cendoesch, evidencia una "cacería de brujas" contra las inversiones chinas.
Cendoesch aboga por que el Estado oriente y acompañe a los comerciantes chinos en su regularización, sin discriminación y respetando el marco legal.
El Cendoesch cuestiona por qué se persigue a los empresarios chinos, pero no a otros inversionistas extranjeros, como los españoles en turismo o las empresas norteamericanas en minería.
Finalmente, Cendoesch pidió a las autoridades respetar la iniciativa privada y no imponer más restricciones a la inversión extranjera que las contempladas en la ley 16-95.
