Un reportaje de N Investiga revela una compleja red de estafas en República Dominicana que afectó a más de cien profesionales de la salud. Los estafadores prometían la asimilación a la Policía Nacional a cambio de dinero, utilizando documentos falsificados y una elaborada estrategia para generar confianza. La Policía Nacional ha desmentido cualquier implicación y ha advertido sobre el uso de vías oficiales para el ingreso a la institución.
Un reciente reportaje de N Investiga, conducido por Nuria Piera, expone cómo los fraudes en República Dominicana se adaptan constantemente, cambiando de apariencia pero manteniendo las mismas consecuencias: ciudadanos engañados, instituciones cuestionadas y una erosión de la confianza pública.
El caso presentado ilustra la inventiva criminal y la fragilidad institucional. Una red criminal ofrecía a médicos y profesionales de la salud la “asimilación” a la Policía Nacional a cambio de sumas de dinero. El engaño no solo era financiero, sino también emocional, prometiendo prestigio, seguridad y estatus, todo basado en la ilusión de un uniforme policial inexistente.
Más de cien profesionales, principalmente médicos, fueron víctimas de esta red, atraídos por la promesa de ser incorporados como asimilados a la Policía Nacional con los beneficios inherentes: salario, pensión, seguro médico y estabilidad laboral. Esta aspiración fue el punto débil explotado por los estafadores.
Una víctima relata: “Yo llevé alrededor de 15 personas. Él me decía que mientras más gente yo entrara, más alto sería el rango que me iban a poner”. Otro afectado añade: “Me prometieron un rango. Que sería asimilado. Nunca me dijeron cuál”.
El cerebro de la operación, identificado como Carlos Manuel Peña Santana, quien se hacía llamar “doctor De León”, se presentaba como psiquiatra, visitando hospitales y clínicas para reclutar víctimas.
Otra víctima describe el proceso: “Fue ahí donde me dice que si me interesaría ser asimilado. Me pone en contacto con un supuesto coronel Polanco que me iba a ayudar”.
La estafa seguía un patrón cuidadosamente diseñado. Inicialmente, se solicitaba un pago de dos mil pesos por certificados médicos, seguido de otros dos mil setecientos para cartas de nombramiento. Posteriormente, se exigían pagos por uniformes, botas y armas reglamentarias, creando la apariencia de un proceso legítimo.
El dinero se transfería a cuentas de terceros, principalmente a nombre de Peña Santana. Las comunicaciones incluían audios donde el estafador detallaba los pasos y justificaba cada cobro. La estafa evolucionó hacia un esquema piramidal: cuanto más reclutara una víctima, mayor sería su supuesto rango.
Una víctima explica: “Yo contacté a 37 personas cercanas. Ellos siguieron buscando más… y al final llegamos a casi 100 en todo el país, en un grupo de WhatsApp”. El estafador incitaba: “Traigan a todo el mundo”.
El fraude se basaba en símbolos de legitimidad: cartas con sellos falsificados, documentos imitando resoluciones oficiales, videos grabados dentro de cuarteles y firmas falsas, todo un montaje para engañar.
La Policía Nacional, al ser consultada, declaró categóricamente que no cobra por estos servicios y que el salario comienza inmediatamente después de la aceptación oficial. Diego Pesqueira, vocero de la institución, explicó que los estafadores aprovechan la información pública y las transmisiones en vivo para crear credibilidad.
Pesqueira añadió: “Las imágenes que utilizan estas personas pueden ser tomadas de transmisiones en vivo. Luego las editan para engañar a incautos”.
El Código Penal dominicano sanciona la usurpación de funciones con hasta dos años de prisión, además de los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación de malhechores.
Pesqueira advierte: “La persona que paga por un servicio gratuito se convierte en corruptor. Exhortamos a usar solo las vías oficiales de la Policía”.
Este esquema no solo causó pérdidas económicas a más de cien profesionales, sino que también dejó una lección: la búsqueda de atajos puede convertir a algunos en víctimas y a otros en cómplices. Varias víctimas, al intentar denunciar, se enfrentaron a la posibilidad de ser considerados partícipes del delito por haber pagado por un ingreso irregular.
El fraude de los falsos asimilados representa un duro golpe a la credibilidad institucional de República Dominicana. Las víctimas esperan justicia, pues el uniforme, el rango y la estabilidad prometidos nunca llegaron. Lo único real fue el engaño.
