El Tribunal Supremo de Cuba ha sentenciado a 15 personas a penas de hasta nueve años de prisión por participar en las protestas de marzo de 2024 contra los constantes apagones y la falta de alimentos. Estas manifestaciones, las mayores desde 2021, tuvieron lugar en varias ciudades del país en medio de una profunda crisis energética. Las condenas se suman a las crecientes preocupaciones sobre los derechos humanos en la isla.
Al menos 15 ciudadanos cubanos han sido condenados a penas de prisión de hasta nueve años por su participación en las protestas del 17 de marzo de 2024 contra los prolongados cortes de electricidad y la escasez de alimentos, según informó el Tribunal Supremo.
Cientos de cubanos salieron a las calles ese día en Santiago de Cuba, Bayamo y Santa Marta, en medio de apagones que en algunas provincias llegaron a durar hasta 13 horas. Esta protesta constituyó la mayor desde el estallido social de julio de 2021, que resultó en cientos de arrestos y condenas de hasta 25 años de prisión.
El tribunal especificó que en Bayamo, ocho manifestantes recibieron sentencias de entre seis y nueve años, otros cinco fueron condenados a penas de entre tres y cinco años, y dos fueron sentenciados a trabajos correccionales sin privación de libertad. Los delitos imputados incluyen desórdenes públicos, resistencia, desacato y desobediencia.
Las manifestaciones espontáneas, anteriormente inusuales en Cuba, se han incrementado en frecuencia desde 2022, en el contexto de una creciente crisis energética. En menos de tres años, la isla ha experimentado al menos seis apagones generales, mientras la población, aproximadamente 9,7 millones de habitantes, sufre cortes programados que en agosto llegaron a un promedio de 15 horas diarias.
El gobierno atribuye la situación al embargo económico estadounidense, argumentando que impide las reparaciones necesarias en el sistema eléctrico nacional, compuesto por ocho termoeléctricas obsoletas y grupos electrógenos que dependen de un limitado suministro de combustible.
Recientemente, otra protesta tuvo lugar en Gibara, donde decenas de personas se manifestaron por permanecer más de 20 horas sin electricidad y semanas sin agua potable, según un residente local anónimo que teme represalias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, reportó en la red social X la confirmación de 27 detenciones en Gibara, cuatro de las cuales permanecen en prisión. Cubalex, una organización jurídica independiente dirigida por Laritza Diversent, indicó que al menos 180 personas fueron arrestadas entre 2022 y septiembre de 2025 en protestas relacionadas con los apagones, aclarando que esta cifra es un subregistro basado en las denuncias recibidas.
