La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) rechazó una denuncia contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por omisión de activos en su declaración jurada. La DIGEIG argumenta que Hernández rectificó su declaración, la cual fue posteriormente validada por la Cámara de Cuentas. En un comunicado, la DIGEIG afirma que su investigación se ajustó a la legalidad y el debido proceso.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) aclaró que el exministro de Educación, Ángel Hernández, rectificó su declaración jurada de bienes, la cual fue aceptada por la Cámara de Cuentas, desmintiendo una denuncia previa.
Esta aclaración se presenta en un documento de la Digeig titulado “¿Prevaricación o Difamación?”, respondiendo a una alegación del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio.
Milagros Ortiz Bosch, titular de la Digeig, indicó que la denuncia de De la Rosa Tiburcio carece de fundamento legal, ya que la declaración rectificada de Hernández fue validada por la Cámara de Cuentas.
La Digeig detalla que la investigación reveló que la primera declaración de Hernández fue presentada extemporáneamente y omitió activos de una empresa familiar. Sin embargo, la posterior rectificación fue aceptada por la Cámara de Cuentas, de acuerdo con el reglamento de la Ley No. 311-14.
Por lo tanto, al concluir la investigación, la denuncia carecía de objeto legal, pues la Cámara de Cuentas, como órgano rector en la materia, ya había validado la rectificación.
El documento de la Digeig, con fecha del 02 de octubre de 2023 (denuncia No. D23-0080), detalla que el informe de la investigación fue remitido al denunciante el 1 de noviembre de 2023, cumpliendo con la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
La Digeig destaca el rol de la Cámara de Cuentas en la aplicación de la Ley No. 311-14, enfatizando que esta institución es la responsable del control y fiscalización de las declaraciones juradas de patrimonio.
La Digeig reitera que su actuación se ajustó a la legalidad y el debido proceso, respetando las competencias de los órganos rectores y garantizando el derecho a la información. Niega cualquier acto de prevaricación, asegurando que el informe se basa en hechos sin alteraciones ni desnaturalizaciones.
