El ministro venezolano Diosdado Cabello rechazó las afirmaciones de Estados Unidos sobre la lancha destruida el 2 de septiembre, asegurando que los fallecidos no eran narcotraficantes ni pertenecían al Tren de Aragua. Cabello calificó la acción estadounidense como un asesinato y una falsedad, mientras que la Casa Blanca la justificó como una acción legítima en un conflicto armado. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional exigen una investigación exhaustiva del incidente.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este jueves las acusaciones de Estados Unidos sobre la identidad de las personas que viajaban en una lancha destruida en altamar. Cabello afirmó que los fallecidos no eran narcotraficantes ni miembros del Tren de Aragua, contradiciendo la versión de la administración estadounidense.
“Hemos realizado nuestras investigaciones en el país y las familias de los desaparecidos reclaman a sus parientes. Al preguntar en los pueblos, ninguno resulta ser del Tren de Aragua, narcotraficante o portador de drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos”, declaró Cabello en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Cabello calificó como “tremenda falsedad, tremenda mentira” la afirmación de las autoridades estadounidenses de que la embarcación transportaba drogas.
“El imperialismo confesó que asesinó a 11 personas sin juicio, diciendo que eran del Tren de Aragua. ¿Cómo identificaron que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip, un código QR, y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, ironizó el funcionario venezolano.
La Casa Blanca defendió el ataque del 2 de septiembre, argumentando que se ajustó a las leyes de un “conflicto armado” contra una “organización designada como terrorista”, en referencia al Tren de Aragua, y en defensa de los intereses de EE.UU. y la “autodefensa colectiva de otras naciones” afectadas por la violencia y la actividad de los carteles.
La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, declaró el martes que el ataque “envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo”, que “el presidente (Donald Trump) no lo tolerará”, y que la droga “incautada podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses”.
Amnistía Internacional (AI) exigió la semana pasada una investigación, señalando que EE.UU. “debe demostrar” que “solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida”. La directora de Seguridad con Derechos Humanos de AI en EE.UU., Daphne Eviatar, advirtió que, de no ser así, el ataque constituiría una violación del derecho a la vida y sentaría un “precedente peligroso”, ya que el uso de la fuerza letal en este contexto carecería de justificación.
