El presidente Trump anunció que buscará la pena de muerte para los homicidios en Washington D.C., argumentando una supuesta crisis de seguridad. Esta medida, parte de una intervención de 30 días en la seguridad de la ciudad, ha movilizado a miles de efectivos de seguridad y generado controversias por posibles violaciones a los derechos humanos. A pesar de la iniciativa, las cifras de criminalidad en la capital se encuentran en mínimos históricos.
Durante la séptima reunión de su gabinete, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su administración solicitará la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington D.C. Trump afirmó que esta medida preventiva es "muy fuerte" y cuenta con el apoyo unánime de su gobierno.
El mandatario justificó su decisión alegando una crisis de seguridad en la ciudad, a pesar de que las estadísticas de criminalidad muestran sus niveles más bajos en tres décadas.
El 11 de agosto, Trump asumió el control de la seguridad de Washington D.C. por 30 días, amparándose en una ley que permite la intervención federal en caso de emergencia.
Esta intervención ha movilizado a 800 efectivos de la Guardia Nacional de Washington, además de refuerzos de seis estados liderados por gobernadores republicanos: Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, sumando aproximadamente 2,000 efectivos en total.
A estos se unen agentes federales del FBI, la DEA y el ICE, junto con la Policía Metropolitana.
Según la fiscal general Pam Bondi, se han realizado 1,094 arrestos y se han confiscado 115 armas ilegales desde el inicio del operativo.
Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado detenciones arbitrarias de migrantes indocumentados, generando preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Información proporcionada por EFE. Por: Yari Araujo
