La Unión Europea y varios países latinoamericanos expresaron su condena a la creciente represión en Venezuela, a raíz de un nuevo informe de la ONU que documenta graves violaciones de derechos humanos. Las delegaciones en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra exigieron la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente tras las elecciones de 2024 y pidieron acciones concretas al gobierno venezolano. El informe detalla torturas, detenciones y muertes bajo custodia, destacando la falta de justicia para las víctimas.
La Unión Europea (UE) y diversos países latinoamericanos condenaron la intensificación de la represión en Venezuela tras la publicación del último informe de la ONU, reclamando la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente después de las elecciones presidenciales de 2024.
Durante las deliberaciones en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, las delegaciones denunciaron las violaciones de derechos humanos descritas en el informe y demandaron acciones concretas al régimen de Nicolás Maduro para detener la persecución política.
La UE manifestó su profunda preocupación por la represión contra disidentes, instando a investigar los hechos y a que los responsables rindan cuentas. Además, exigió el fin de las detenciones arbitrarias, la liberación de todos los presos, incluyendo extranjeros, y el retiro de las acusaciones contra las ONG.
España apoyó la postura europea, alertando sobre el aumento de la represión tras las elecciones de 2024 y denunciando la detención arbitraria de cuatro ciudadanos españoles y dieciséis con doble nacionalidad en Venezuela.
Argentina condenó la detención y aislamiento de extranjeros, calificándolo como desaparición forzada. El embajador Carlos Mario Foradori mencionó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, aún preso, y expresó su esperanza de que Venezuela adopte el respeto a la vida, la democracia y la libertad.
Chile calificó el informe como alarmante, considerando que confirma la reactivación de la represión contra la oposición y la disidencia, instando al Estado venezolano a cesar estas prácticas.
Brasil manifestó preocupación por las detenciones políticas, pero también expresó inquietud por las sanciones unilaterales contra Caracas, atribuyéndoles un impacto negativo en los derechos humanos. Incluso denunció supuestos ataques de Estados Unidos a barcos venezolanos, calificándolos como posibles ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.
Paraguay advirtió sobre el agravamiento de la situación de derechos humanos tras las elecciones, mientras que Perú denunció el acoso a periodistas y exigió información sobre dos ciudadanos peruanos detenidos arbitrariamente.
La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó la falta de publicación de las actas de recuento por parte del Consejo Nacional Electoral, más de un año después de las elecciones, lo que socava la credibilidad del proceso. Además, denunció la impunidad en las 25 ejecuciones reconocidas por el Estado durante las protestas postelectorales, afirmando que las instituciones venezolanas operan para perpetuar al gobierno en el poder.
En contraste, solo países aliados como Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue defendieron a Caracas, cuestionando la legitimidad de la misión de la ONU y rechazando las sanciones internacionales.
El informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, que cubre el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025, documenta torturas, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia en el periodo posterior a las elecciones.
La presidenta de la comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, afirmó que las investigaciones confirman la persistencia del “crimen de persecución por razones políticas” y advirtió sobre la falta de autoridad nacional en Venezuela capaz de sancionar las graves violaciones de derechos humanos, por lo que la comunidad internacional representa la única esperanza de justicia para las víctimas.
Valiñas detalló que de las 25 muertes registradas, al menos 14 fueron verificadas y en 12 de ellas estuvieron implicadas fuerzas de seguridad. Recordó que en las protestas de Maracay (Aragua), miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra manifestantes, dejando seis muertos, incluyendo una víctima alcanzada a menos de 10 metros de distancia con una escopeta. Denunció que, un año después, la Fiscalía no ha presentado resultados de las investigaciones y, por el contrario, responsabilizó a la oposición.
“Hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, concluyó la jefa de la comisión, reiterando que la persecución política y la represión sistemática en Venezuela continúan vigentes en 2025.
