Miles de franceses salieron a las calles este jueves en una jornada de protestas nacionales contra los recortes sociales planeados para el presupuesto de 2026 y la política fiscal del presidente Macron. La movilización, cinco veces mayor que la del 10 de septiembre, provocó importantes disrupciones en el transporte y servicios públicos. Los sindicatos exigen la anulación de los recortes y una mayor justicia fiscal, con un amplio apoyo público según recientes encuestas.
Numerosas manifestaciones tuvieron lugar este jueves en Francia, convocadas por los sindicatos en señal de protesta contra las medidas de austeridad previstas en el presupuesto de 2026 y la política fiscal del presidente Emmanuel Macron.
Las autoridades estiman la participación de cerca de 900.000 manifestantes, una cifra significativamente mayor a las protestas del 10 de septiembre. La movilización afectó considerablemente el transporte público, las escuelas y las farmacias, con un paro generalizado en diversas áreas.
Samuel Gaillard, sindicalista de la CGT en Villeneuve-d’Ascq, expresó la frustración generalizada por los altos impuestos y las dificultades económicas, especialmente a mediados de mes.
Al igual que en la protesta del 10 de septiembre, denominada “Bloqueemos todo”, el gobierno desplegó un importante contingente policial para prevenir bloqueos. El ministro del Interior, Bruno Retailleu, advirtió sobre la posibilidad de desórdenes por parte de grupos considerados peligrosos, reportando varios bloqueos y detenciones.
El origen de las protestas radica en el proyecto de presupuesto para 2026, que inicialmente proponía recortes por 44.000 millones de euros y la supresión de dos días festivos. A pesar del rechazo parlamentario del proyecto y la posterior decisión de mantener los días festivos, los sindicatos mantuvieron las protestas, afirmando que el presupuesto se definirá en las calles.
Las demandas sindicales incluyen la eliminación de los recortes presupuestarios, la derogación de la reforma de las pensiones de 2023, una mayor justicia fiscal y un aumento en la financiación de los servicios públicos. Una encuesta de Elabe indica que el 56% de la población francesa apoya la movilización.
El descontento social y fiscal ha sido una constante durante la presidencia de Macron, con antecedentes como las protestas de los “chalecos amarillos” (2018-2019) y las multitudinarias marchas de 2023 contra la reforma de las pensiones.
Las manifestaciones actuales también incluyen el reclamo de la “tasa Zucman”, un impuesto del 2% a patrimonios superiores a 100 millones de euros. Si bien el ministro Lecornu rechazó la propuesta, se mostró dispuesto a discutir medidas de justicia fiscal, mientras continúa negociando un presupuesto para 2026 en un contexto de inestabilidad política y presión económica.
La presión sobre el gobierno es considerable, debido a la necesidad de presentar el presupuesto en octubre, un déficit del 5,8% del PIB y una deuda pública del 114%. La agencia Fitch recientemente degradó la calificación de la deuda soberana francesa, citando la inestabilidad política y la incertidumbre fiscal.
